Por Estefanía Carvajal Restrepo

La marcha del pasado martes 6 de diciembre, convocada por el gobierno colombiano y difundida por los grandes medios de comunicación nacionales, que se planteó con el objetivo de protestar en contra del secuestro y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, me deja la sensación de que la opinión pública en el país es la espectadora de una gran tragicomedia griega protagonizada por el tradicional gremio político y las élites económicas, y cuyos únicos antagonistas son los grupos armados insurgentes, las “bacrim” (paramilitares disfrazados de bandas criminales), el narcotráfico y el fenómeno de La Niña.

Desconfío plenamente de las movilizaciones que no son iniciativa del pueblo. A pesar de que la clase dirigente se hace la víctima de su propio invento frente a los medios de comunicación, en el fondo lo último que quieren es acabar con la guerra absurda que baña en sangre a Colombia desde hace más de cincuenta años, pero que hace apenas unos meses fue reconocida como un problema.

Pero es que cómo van a querer acabar con el conflicto armado si a la defensa y a la seguridad, o sea, a la horda militar, le otorgan el 14,2% del Producto Interno Bruto, aunque yo salga a la calle y no me sienta más segura, aunque no pueda hablar tranquila por mi teléfono móvil, aunque no pueda usar la cadena de oro que me dejaron mis ancestros. Cómo van a querer tumbar el negocio que tiene viviendo como reyes a cientos de uniformados, incluyendo los que están en la cárcel por asesinar civiles. Cómo se van querer quebrar las empresas internacionales de armas y municiones, que le venden mercancía tanto al Gobierno como a las FARC. La guerra es un negocio rentable, pero son los campesinos, los indígenas, los niños, los colombianos, quienes deben pagar las consecuencias de la ambición y la avaricia de algunos.

El conflicto armado en Colombia no es más que la consecuencia del conflicto social. La solución no está en más metralletas, balas y soldados; la salida es atacar el problema desde su raíz, o sea, satisfacer a todos los colombianos y colombianas las cinco necesidades básicas: salud, techo, trabajo, educación y seguridad. No es una utopía, pues no estoy hablando de igualdad. Sólo expongo que es posible construir un país en el que todos los niños puedan ir al colegio, en el que los enfermos no se mueran frente a los hospitales porque no tienen EPS o un carné del SISBEN,  en el que las madres indígenas con sus niños en los brazos no tengan que dormir a la intemperie, en el que todas las personas mínimamente sean mínimamente bachilleres y tengan la oportunidad de acceder a educación superior gratuita, un país en el que pueda salir a la calle con la cadena de mis ancestros, en el que la gente no tenga la necesidad de robar o de matar por dinero.

Pero para que ese país que me sueño (y que sé que muchos también desean) se convierta en una realidad, más que marchas y circos mediáticos en contra del secuestro y de las FARC, necesitamos a un Gobierno y a un Congreso comprometidos con el pueblo, personas que estén en los cargos públicos por convicción y no por ambición, pero más primordialmente necesitamos que Colombia despierte y sea consciente de que hacer democracia no es sólo ir y depositar un voto en una urna con la incertidumbre de que la Registraduría no haya sido penetrada –como la mayoría de las instituciones estatales- por la ponzoña de la corrupción.