Estas son las memorias gráficas y los mandatos que nacieron en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, realizado en la ciudad de Cali entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre pasados.
Las y los congresistas, los pueblos, comunidades, organizaciones sociales y movimientos populares participantes del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, mandatamos CONVOCAR AL PUEBLO COLOMBIANO A LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO desde distintos escenarios. Reunidos en la Ciudad de Cali, entre el 29 y el 4 de octubre, MANDAMOS:
A. En tierras
1. Acabar el latifundio como expresión histórica de la desigualdad. Construir políticas comunes y luchar para garantizar el acceso y la titulación a la propiedad de la tierra en condiciones de igualdad a la mujer rural, con plenas garantías para la producción y el bienestar campesino, afrocolombiano e indígena.
2. Luchar por la restitución de tierras, del patrimonio, el retorno al territorio de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pobladores urbanos desplazados y despojados a través de la violencia. Devolver la tierra a manos de los pobladores legítimos, recuperando la relación con ella y las capacidades de producción.
3. Buscar la verdad en materia de despojo de tierras y predios urbanos, así como la construcción colectiva de condiciones de justicia y no repetición.
4. La Liberación de la madre tierra y la constitución de territorios fundados en el fortalecimiento de la identidad campesina, afrocolombiana, indígena y popular como principio fundamental en el ordenamiento territorial. Teniendo como base, los derechos de la madre tierra.
5. Defender los territorios autónomos que ancestral y tradicionalmente han ocupado los pueblos y comunidades han adelantado. Reivindicar y reafirmar los títulos coloniales de los pueblos indígenas, así como los títulos colectivos y las demás formas de gestión colectiva de la tierra que las comunidades han adelantado. Al mismo tiempo dinamizar las luchas por el territorio binacional.
6. Continuar luchando por la liberación de la madre tierra y para la defensa del territorio. En este sentido, mandamos la suspensión de las concesiones de tierras a empresas transnacionales y la expulsión de los territorios de las empresas transnacionales.
7. Derogar las normas impuestas por el Estado que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. Especialmente las que legalizan el despojo y privatizan los bienes y recursos de la naturaleza y el patrimonio común.
8. Una verdadera reforma agraria soberana y popular impulsada y construida por los pueblos, que garantice el control, la tenencia y el uso de la tierra y el territorio a las comunidades de campesinos, indígenas, afros, mujeres y demás sectores urbanos y populares.
9. Ejercer soberanía popular en nuestros territorios mediante la construcción de gobernabilidad propia y autónoma, a través del ejercicio de autoridad con la creación de sistemas de educación, de salud, ambiental, jurídico - legislativos y la economía propia, construyendo institucionalidad popular para la recuperación y defensa de lo público.
10. Sacar de nuestros territorios la regulación del capital, expresada en la presencia de las multinacionales, la mafia, la legislación del despojo y la entrega de prebendas a la población por parte de las multinacionales.
11. Solucionar los conflictos entre las comunidades, pueblos, organizaciones y sectores sociales procurando armonizar socialmente el territorio, la construcción de buen vivir para la convivencia y la construcción popular del territorio, buscando escenarios de convergencia para la defensa del territorio de manera conjunta.
12. La construcción de una nación de nacionalidades, pueblos, etnias y comunidades rurales y urbanas y la defensa de los territorios mediante un ordenamiento territorial popular para el buen vivir y la soberanía de los pueblos. Las propias comunidades y sectores populares ordenarán sus territorios conforme a sus planes de vida, planes de manejo y su cosmovisión.
B. En materia minero energética y de economías extractivas:
1. Primero la comida y el agua. Los proyectos minero energéticos deben supeditarse a la soberanía alimentaria, al equilibrio con la naturaleza, al cuidado de las fuentes hídricas, a las identidades de los pueblos y al buen vivir.
2. Los bienes minero energéticos son de la nación. Las empresas nacionales recuperaran su carácter estatal. Los pueblos ejerceremos soberanía popular sobre los territorios, suelos y subsuelos colombianos. Los pueblos decidirán autónoma y libremente el desarrollo de los proyectos minero energéticos reconociendo los derechos de los pequeños mineros y la minería ancestral. Las reservas minero energéticas del país deben priorizar las necesidades e intereses nacionales y regionales.
3. Un modelo energético desde la producción, uso, distribución y consumo, diversificando la matriz energética con energías descentralizadas, limpias, democratizadas y de bajo impacto, retomando los diversos conocimientos y tecnologías propias, que garanticen la soberanía energética en Colombia.
4. La no ampliación de la frontera petrolera, minera y energética.
5. El pago de la deuda ecológica y social como compensación a los pueblos afectados por los proyectos mineros energético de las empresas nacionales y transnacionales. La redefinición de la estructura tributaria con un criterio social y soberano.
6. Políticas laborales que protejan y garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector minero energético. Eliminación de la tercerización y flexibilización laboral.
C. En materia de agua
Las comunidades y organizaciones valoramos y practicamos las cosmovisiones de los pueblos basadas en el respeto y convivencia con la madre tierra; recuperamos y aplicamos los saberes, memorias, tradiciones ancestrales, y ciencias respetuosas de la vida y la naturaleza; practicaremos los rituales e impulsaremos nuevos modos de vida, que conciban el territorio como elemento integral y excluyan el modelo de desarrollo neoliberal, entre ellos, la matriz energética propuesta por el modelo económico en torno al tema del agua. Legitimamos las organizaciones sociales defensoras del patrimonio hídrico de Colombia y mandatamos se respeten el derecho a la integridad espiritual, física y cultural de quienes abanderamos la lucha por el agua.
1. Construcción y fortalecimiento de un sistema económico propio.
Los pobladores urbanos Mandatamos:1. La armonización social del territorio y la construcción democrática del buen vivir para la convivencia. Lo que implica una:
- Que conciba la movilidad más allá del transporte masivo, con la construcción de un transporte integral, subsidiado y diferencial, transportes alternativos para el peatón y los ciclistas.- Un ordenamiento en el que el espacio público lo construyamos como nuestro territorio desde el sentido de pertenencia, que además posibilite la integración y el encuentro con los otros en sus escenarios cotidianos.
4. Trabajo digno, con un estatuto que garantice la estabilidad laboral, con pago oportuno y justo, regularización de las jornadas laborales, seguridad social (pensiones y salud) y todas las garantías para el trabajo de la mujer, valorando y reconociendo el trabajo doméstico y labor del cuidado
6. Desmilitarización del territorio y de la vida en todos sus ámbitos desde lo público hasta lo privado.
1. Solución Política y Negociada al Conflicto Social y Armado
Cali, septiembre 29 – octubre 4 de 2011
Somos las comunidades organizadas legítimamente y apoyadas por los gobiernos locales quienes debemos crear y fortalecer las organizaciones comunitarias para diseñar y administrar armónicamente los sistemas hídricos de uso comunitario del agua, por lo que mandatamos:
1. La derogación de los planes departamentales de aguas implementados en diferentes territorios y prohibimos la expansión de las fronteras agrícolas y urbanas en los territorios donde se encuentren afluentes hídricos.
2. Que los gobiernos, grupos económicos y organismos nacionales e internacionales, reconozcan públicamente la deuda histórica, social y ecológica por los daños que su modelo de desarrollo causan a la madre tierra y al pueblo colombiano, cumpliendo el derecho al consentimiento previo, libre e informado por parte de la totalidad de la población que habita los territorios colombianos y que se considere afectada por acciones económicas de impacto cultural, ambiental y económico.
3. Que se retiren todas aquellos proyectos de inversión extranjera que degradan la madre naturaleza y ponen riesgo la continuidad de los sistemas hídricos del planeta. Y se restituyan los territorios del agua al gobierno de la nación y los pueblos.
4. Mandatamos al gobierno nacional y actores armados la desmilitarización de los sitios sagrados donde se encuentran el patrimonio hídrico y de herencia natural y un dialogo abierto intersectorial por el cese del conflicto armado en los territorios.
5. Mandatamos que el gobierno nacional condone las deudas generadas por los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano sin perjuicios posteriores, fortaleciendo, construyendo y terminado los acueductos comunitarios para garantizar el acceso a un agua de calidad para todos y todas.
6. El agua es un ser vivo y nos reconocemos parte de ella, por tanto, nos declaramos defensores y protectores del agua, guardias permanentes, cuidadores de todas las fuentes hídricas: bosques, selvas, reservas naturales, paramos, lagos, lagunas, ríos, nacimientos de agua, humedales, ciénagas, esteros, manglares, desembocaduras, aguas dulces, aguas marinas, submarinas, aguas lluvias y aguas subterráneas que posibilitan la existencia y pervivencia de todos los seres espirituales, naturales y materiales.
7. Los sectores sociales: campesinos, afro descendientes, indígenas, pescadores artesana urbanos y sus organizaciones sociales consideramos el agua como derecho fundamental de carácter colectivo, inalienable, innegociable, patrimonio comunitario de bien común para la vida y no una mercancía ni un servicio.
8. Mandatamos la protección y soberanía sobre las aguas marinas y dulces de la Amazonía, Orinoquia, el Pacifico y el Atlántico afectadas por la explotación del petróleo, la tala ilegal de maderas, la extracción minera, la ganadería extensiva, los monocultivos, la construcción de hidrobias, el otorgamiento de permisos y concesiones a empresas transnacionales pesqueras que contamina los sistemas de algas, corales, peces y demás especies acuáticas, grandes productoras de oxigeno que permite la continuidad del ciclo hidrológico integral.
9. Fortalecimiento de un movimiento nacional por el agua, a través de la articulación de las organizaciones, procesos y movimiento sociales por la defensa del territorio y de sus aguas, y en oposición a los proyectos macro económicos que interviene en el desarrollo armónico de las comunidades y de la madre tierra.
10. Implementar programas y políticas comunitarios de conservación, protección, regeneración natural y reforestación con especies nativas, limpieza de las fuentes y de los afluentes, sistemas agroforestales, cosecha de agua, etc.
D. En materia de identidad, saberes y cultura
1. Mandatamos la consolidación de sistemas propios y otras formas de gobierno que permitan el relacionamiento equilibrado y armónico con la madre tierra y los diferentes espacios vitales en nuestros territorios, hacia la construcción de nación desde los distintos sectores populares y los pueblos .
2. Defenderemos la diversidad cultural, la vivencia de la interculturalidad y rompiendo con las distintas estrategias que utiliza el modelo capitalista generador de desarraigo de los saberes, las identidades y las culturas.
3. Mandatamos la consolidación de un sistema educativo popular, intercultural, propio y con recursos que permita la autonomía y la defensa de la vida y el territorio para lo cual es fundamental articular la educación formal con los procesos comunitarios de las organizaciones de base y potenciar las experiencias de organización y resistencia comunitaria.
E. Mandato de economias propias y soberania alimentaria
La producción agropecuaria y el uso del suelo será enfocado a cubrir la demanda interna alimentaria con formas de producción agroecológicas, culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la madre tierra; no supeditadas al mercado global.
- Construcción de un sistema económico propio de los pueblos que articule las diferentes dinámicas y experiencias de los pueblos y sectores, que promueva el autoabastecimiento en el fortalecimiento de las economías locales, las relaciones directas que vinculen a productores y consumidores y los espacios de intercambio tradicionales. Promovemos las formas de intercambio culturales y económicas que fortalezcan la unidad de los pueblos.
2. Construcción de alternativas desde las comunidades frente al uso de los cultivos de uso ilícito
- Construir un plan socioeconómico alternativo que permita remplazar las alternativas que se originan a partir de los cultivos e uso ilícito. No aceptamos las fumigaciones aéreas, la sustitución será concertada con las comunidades, manual y voluntaria, complementada con la construcción proyectos productivos en función de los planes de vida.
- Establecer medidas de control local, que eviten el uso de cultivos con fines de narcotráfico o usos que nos priven de sus beneficios.
- Recuperación, conservación, distribución y siembra de las semillas y saberes que se tejen en torno a ellas. Y su defensa frente a las políticas de certificación y privatización, consolidando territorios libres de transgénicos, agroquímicos y agro tóxicos.
4. Autogobierno
- Fortalecer los procesos organizativos hacia la construcción de Autoridades Territoriales afrocolombianas, campesinas, indígenas y urbanas en la búsqueda de la autonomía y la soberanía, fundamentados en la generación de políticas de economía propia de los pueblos.
- Rescatar el valor cultural de las plantas y los saberes milenarios en torno a ellas para fortalecer su uso ancestral. Promover la investigación local para la innovación tecnológica, que fortalezca los conocimientos ancestrales y el mejoramiento de los procesos de producción, transformación y consumo, en respeto y armonía con la madre tierra.
- Construcción participativa de procesos de formación propia e integral que responda a la vida y los sueños, fortalezcan la identidad, los tejidos y movimientos sociales en función de la economía propia de los pueblos.
- Consulta previa libre e informada con las comunidades en cuanto a megaproyectos que afectan la soberanía alimentaria y no solo para comunidades indígenas o negras sino a la comunidad en general.
F. En materia de territorios y procesos urbanos.
- Nueva organización territorial del país que adelante planes de organización territorial urbano popular y democrático en las regiones, reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia. Que articule de manera las diferentes dimensiones de la vida: económica, ambiental, cultural y social.
2. La construcción de región integradora de procesos rurales y urbanos
- Que articule el desarrollo de la naturaleza y urbanismo. Por ello construiremos una nueva lógica ambiental desde una perspectiva armónica con la región natural que las contiene, donde lo económico no defina la destinación de los predios,
- Defender y rescatar lo público, el suelo urbano, la vivienda digna y los servicios domiciliarios como bienes públicos.
- Redistribuir la Tierra y de la riqueza en las ciudades, democratizando el acceso al suelo urbanizado y urbanizable.
- Sistema de Movilidad Público Urbano Rural.
- Sin discriminación de cualquier tipo de género, sexual, étnica.
3. La construcción de un sistema educativo público y estatal, de perspectiva emancipatoria, acorde a las realidades y necesidades locales y regionales de las comunidades.
- Confrontar la lógica del trabajo instrumental, basadas en la explotación, que separan lo formal de lo informal y no brindan garantías a los trabajadores.
5. Impulsar la articulación y unidad entre las organizaciones, procesos y movimientos políticos y sociales en la ciudad, para recuperar la identidad, hacia la constitución del movimiento urbano nacional con un horizonte común y un proyecto político popular nacional.
- Confrontamos las estrategias de manipulación, cooptación, fragmentación y persecución que han debilitado los lazos organizativos y la voluntad de poder de los procesos sociales y populares.
- Donde no se estigmatice ni se controle las opiniones diferentes, la protesta social y la vida de los pobladores, se respeta la objeción de conciencia y no se comercialice el cuerpo de la mujer como botín de guerra y mercantilización y explotación sexual por parte de los actores armados.
G. En materia de guerra y conflicto social y armado
- Los movimientos sociales como sujetos políticos emprenderemos acciones políticas, sociales, de articulación y exigencia para una verdadera construcción de PAZ desde los pueblos. Entendiendo la paz como un derecho a partir de la Solución política al conflicto social y armado. En este sentido posicionamos la urgencia de realizar el CONGRESO NACIONAL PARA LA PAZ.
2. Construcción de una agenda de debate nacional y diálogos regionales con el gobierno y la insurgencia donde:
- Exigimos el respeto por la autonomía de los pueblos, 2. Exigimos que el cuerpo de las mujeres no sea un botín de guerra. 3. Promovemos los desminados humanitarios. 4. Rechazamos el reclutamiento forzado de Niñas, Niños y Adolescentes. 5. Exigimos a los actores armados, parar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados.
3. La reafirmación de la autonomía territorial y la desmilitarización de los territorios.
“tierra para la gente que la protege, la defiende, la quiere y le dé un buen uso”.- Mandatamos el fortalecimiento de los planes de vida de los procesos, organizaciones, sectores, comunidades y pueblos, la creación y fortalecimiento de guardias o formas autónomas de control territorial, emprender acciones colectivas para la desmilitarización de los territorios.
4. Rechazamos la penalización de la protesta social
- Impulsar un movimiento social que desmonte la política nacional carcelaria y se de la libertad a los presos políticos.
- Estableceremos la objeción por conciencia como una práctica política en temas como el servicio militar obligatorio y las obligaciones fiscales que financian el presupuesto de la guerra.
