Transcurren los días de junio de 1996 en la vereda La Esperanza, Municipio del Carmen de Viboral, Antioquia. Los horrores del fusil han tocado las fértiles tierras del Oriente Antioqueño, un territorio rico que vio morir a sus hijos bajo la infamia de la guerra que, aún hoy, sigue cobrando víctimas que después arrojará a las garras de la impunidad y el olvido. Hoy como nunca, los fantasmas de los desaparecidos (Ver video) se pasean por la mente exigiendo a gritos Verdad y Reparación, con motivo de la aprobación  de la Ley de Víctimas impulsada por el senador liberal Fernando Cristo y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El pasado 24 de mayo en el Congreso de la República, fue aprobado el proyecto de Ley de Víctimas que se proclama como la oportunidad para vencer los males de la memoria. A la par  se viene debatiendo una Ley de Tierras que pretende dar solución al desplazamiento forzado que ha convertido las zonas rurales de Colombia en verdaderos pueblos fantasma, semejantes a los de las películas de Western. Así las cosas, surge el interrogante: ¿Resultará ser eficiente esta ley para que el caso de la vereda La Esperanza no quede en la impunidad?

Esta larga historia, marcada por el terror y el absurdo, carga consigo la infamia de 17 desaparecidos,  cifra de la que hablan tanto organizaciones no gubernamentales, como las víctimas, además de los muchos muertos e innumerables violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El primer caso de desaparición forzada en La Esperanza se presentó el 21 de junio de 1996  cuando un grupo paramilitar retuvo a Anibal de Jesús Castaño Gallego y Oscar Hemel Zuluaga Marulanda. Tan solo un día después, detuvieron a Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero de 12 y 16 años respectivamente, a un hombre llamado 'Freddy' y su esposa, según un artículo publicado por el periódico El Tiempo el 7 de mayo de 1997, guerrilleros del grupo Elkin González del EPL, quienes habían llegado a La Esperanza desde Chigorodó, 15 días antes de los hechos. Este día retuvieron además a otra persona sin identificar. En la casa donde residían 'Freddy' y su compañera quedó Andrés Suarez Cordero, quien para el momento tenía dos meses de nacido.

Las desapariciones continuaron el 26 de junio cuando el Ejército Nacional entró a la residencia  de Juan Carlos Gallego Hernández sin ninguna órden y, cerca de allí, con la detención de Irene De Jesús Gallego Quintero. En esta misma acción, los militares llevaron encapuchado al ya mencionado 'Freddy', quien había quedado en poder de los paramilitares el 22 de junio. El 7 de julio del mismo año fueron detenidos y desaparecidos Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero y Javier Giraldo Giraldo, éste último  asesinado al negarse a ser llevado forzadamente. Dos días después, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño Castaño y Andrés Suárez Cordero, cuyos padres fueron retenidos el 22 de junio, también fueron desaparecidos; meses más tarde, el 27 de diciembre de 1996, el mismo grupo paramilitar detuvo a Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo, completándose así la lista de 17 desparecidos en esta vereda antioqueña.

La desaparición y detención de estas 17 personas, se hizo debido a las declaraciones hechas por ‘Fredy’, quien señaló a los campesinos de ser guerrilleros. 'Freddy' alias 'El Costeño' cuenta la historia en Contravía de junio de 1997.

Los crímenes de La Esperanza se han atribuido, según la Fiscalía General de la Nación, al 'escuadrón de la muerte': las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza, alias 'El Viejo', 'Moncho' o 'Munrra' socio del reconocido narcotraficante 'El Mexicano' y uno de los precursores del proyecto paramilitar en la zona norte del país. Isaza fundó el primer grupo de Autodefensas en 1978 en el corregimiento de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio,  según él, con ocho armas que entregaron en el Batallón de Puerto Berrío. Para esa época, la autodefensa era legal y los militares la promovían sin reserva. Se acusa a Ramón Isaza Arango, desmovilizado el 7 de febrero de 2006, como presunto autor responsable de la desaparición y posterior asesinato de las 17 personas de la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral. Sin embargo, muchas son las trabas que se han presentado en el proceso de esclarecimiento de los hechos, ya que desde el mismo momento de la desmovilización de los paramilitares ha habido inconsistencias. Incluso antes de la ley 975 de 2005, a la cual se acogió Isaza, ya se sabía que este había cometido los crímenes de La Esperanza pues él mismo lo confesó al noticiero AM PM en agosto de 1996 en medio de una parranda vallenata en su finca 'La Estrella' ofrecida por vecinos y amigos ganaderos. Dijo:

En las audiencias de Justicia y Paz, convenientemente a Isaza se le ha borrado la memoria para hablar de los crímenes cometidos, entre ellos la desaparición forzada de los 17 habitantes de la vereda La Esperanza. Para que estos crímenes no queden en la impunidad, el gobierno aprobó el  pasado 24 de mayo año la ley de víctimas.

La Ley de Víctimas establece componentes como la restitución de tierras a partir de 1991, una indemnización administrativa, rehabilitación y satisfacción, estas últimas se refieren a medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación inmaterial.

Sin embargo, según declaraciones a la agencia IPC hechas por Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, “En la Ley no quedó contemplado ningún mecanismo para la persecución de los bienes de los victimarios. La Ley va a permitir que las empresas palmicultoras, por citar un ejemplo, continúen desarrollando sus proyectos agroindustriales en territorios donde se produjeron despojos masivos, donde hubo desplazamientos. Eso es un exabrupto para las víctimas”. Para el caso de las desapariciones forzadas, la ley no tiene pronunciamiento alguno.  Así, para los crímenes que 'El Viejo' ha señalado se cometieron en contubernio con las Fuerzas Armadas y de los cuales aún no se ha definido a ningún responsable, no existen garantías de no impunidad.

¿Qué dicen las víctimas?

Doña Flor Gallego, familiar de varias de las víctimas y líder de los procesos organizativos de la vereda, manifiesta que “la ley aprobada no nos recoge como víctimas... En ningún lado habla de los detenidos desaparecidos y no garantiza que el Estado reconozca su responsabilidad en los crímenes de guerra, en las desapariciones...”.

Los habitantes de La Esperanza se niegan a dejar en el pasado el recuerdo de sus seres queridos y resisten al olvido a través de actividades y actos públicos de memoria, según la organización Defensa Territorios, “Se han unido para ir a la marcha, al evento público por la memoria de sus víctimas, a la iglesia, a la fiscalía, a la personería, a los hospitales, a los cementerios, se han juntado con otras víctimas para expresar su indignación y su lucha”.

Hoy, no importa cuántos metros hayan sido arrastrados los cuerpos de sus familiares por el río Cocorná, o si Ramón Isaza olvida relatar sus crímenes por el Alzheimer, la imagen de todos los desaparecidos sigue viva en la memoria colectiva de la comunidad que, a pesar de las balas y la impunidad, mantiene viva la esperanza de conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral.

Han pasado ya 15 años desde ese fatídico 21 de junio, momento que abrió paso a la ausencia de sus seres queridos y aún no se descansa, se insiste y persiste en el regreso como máxima expresión de la búsqueda incesante, siendo conscientes de que, como lo manifiesta doña Flor,  “la reparación solo llegara cuando haya justicia y verdad y para eso aún falta”.